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domingo, 15 noviembre 2026

Higinio Martínez y Alicia Bárcena revisan nueva Ley de Medio Ambiente

Higinio Martínez y Alicia Bárcena evalúan la estrategia legislativa e institucional para la nueva Ley de Medio Ambiente.

Por Bruno Cortés

 

El senador Higinio Martínez Miranda y la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, sostuvieron una reunión de trabajo en la Ciudad de México para revisar los ejes estratégicos del proyecto de Ley de Medio Ambiente. El encuentro institucional busca alinear las prioridades legislativas del Congreso de la Unión con las políticas públicas del Ejecutivo federal en materia de sustentabilidad, conservación de ecosistemas y gestión de recursos naturales.

De acuerdo con la información oficial emitida por el Senado de la República, el diagnóstico técnico del sector ambiental requiere modificaciones normativas para enfrentar los retos derivados del cambio climático, la escasez hídrica y la pérdida de biodiversidad en el territorio nacional. Los datos preliminares de la Secretaría señalan que las nuevas disposiciones buscan endurecer las sanciones contra industrias contaminantes y optimizar los permisos de impacto ambiental.

La estructura del proyecto legislativo contempla la creación de mecanismos de fiscalización más rigurosos para los tres órdenes de gobierno, estableciendo responsabilidades claras en la prevención de delitos ecológicos. Los equipos técnicos de ambas dependencias analizan las asignaciones presupuestales necesarias para garantizar la operatividad de las agencias de inspección y vigilancia a partir del siguiente ejercicio fiscal.

Los antecedentes normativos de la legislación ambiental mexicana muestran un rezago operativo en la aplicación de sanciones económicas efectivas contra infractores reincidentes. Los estudios estadísticos presentados en comisiones legislativas indican que más del 40 por ciento de las multas impuestas por daños ecológicos quedan congeladas en litigios administrativos prolongados en los tribunales federales.

En el plano financiero, la coordinación entre el Poder Legislativo y la dependencia federal pretende asegurar que el marco reglamentario cuente con los fondos suficientes para operar programas de restauración forestal y saneamiento de cuencas hidrológicas prioritarias. Las proyecciones económicas estiman que la modernización del marco legal incrementará la recaudación por derechos ambientales en un margen moderado.

Las organizaciones civiles ambientalistas han señalado que el éxito de esta nueva ley dependerá de la capacidad de fiscalización y de la transparencia en la emisión de autorizaciones de impacto ambiental para proyectos de infraestructura pública y privada. Por ello, el documento en revisión incluye apartados específicos para garantizar la participación ciudadana y el acceso a la información pública en materia ecológica.

El proceso legislativo continuará en las próximas semanas con la realización de foros de consulta abierta con académicos, científicos y representantes del sector privado, con el propósito de integrar un dictamen consensuado que pueda ser votado en el pleno del Senado antes de concluir el periodo ordinario de sesiones.

Senado de México elimina 10 años de información pública y contratos

Artículo 19 exige sanciones tras la eliminación masiva de una década de registros fiscales y gastos operativos del portal del Senado.

Por Juan Pablo Ojeda

 

El Senado de la República retiró de su portal institucional una década completa de registros correspondientes a información pública, contratos de adquisiciones y gastos operativos, según denunció este miércoles la organización defensora de la libertad de expresión Artículo 19. La supresión de los archivos afecta los periodos comprendidos entre 2016 y 2026, eliminando de la red bases de datos relativas a licitaciones públicas, asignaciones directas y viáticos de los legisladores.

Los metadatos del sitio oficial muestran que las carpetas digitales que albergaban los informes de cuenta pública y los anexos de contratos con proveedores externos fueron removidas de los servidores de transparencia sin previo aviso a la ciudadanía ni justificación técnica por parte de la Secretaría General de Servicios Administrativos del órgano legislativo.

Organizaciones civiles dedicadas a la fiscalización del gasto gubernamental estiman que la información desindexada comprende más de 4,200 contratos de prestación de servicios y compras institucionales que superan en conjunto los 12 mil millones de pesos. La desaparición de estos archivos impide el cotejo fiscal y la trazabilidad de los recursos públicos ejercidos por las distintas bancadas parlamentarias durante las últimas dos legislaturas.

Ante esta situación, Artículo 19 exigió al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), así como a los órganos de fiscalización federal, la apertura inmediata de un procedimiento de sanción administrativa contra los funcionarios responsables de la alteración y ocultamiento de los registros oficiales de acceso público.

En el plano legal, la eliminación de documentos obligatorios bajo la Ley General de Transparencia vulnera los principios constitucionales de máxima publicidad y rendición de cuentas. Especialistas en derecho administrativo señalaron que la medida podría configurar delitos de ejercicio abusivo de funciones e incumplimiento de obligaciones de transparencia tipificados en el Código Penal Federal.

Los bloques de oposición en el Congreso manifestaron su extrañamiento ante la contingencia digital y solicitaron una auditoría forense a los respaldos informáticos del Senado. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, la Mesa Directiva no ha emitido un posicionamiento oficial que aclare el paradero físico o digital de los documentos gubernamentales desaparecidos.

Esta acción administrativa sin precedentes recientes en el poder legislativo mexicano profundiza la brecha de opacidad institucional, obstaculizando el trabajo de investigación periodística y el escrutinio ciudadano sobre el manejo financiero de los recursos públicos destinados a la operación parlamentaria en el país.