Por Bruno Cortés

La Cámara de Diputados realizó la mesa de análisis “40 años de la institucionalización del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc)”, donde legisladores y especialistas destacaron los avances y pendientes en materia de prevención y gestión de riesgos.

Durante la inauguración, el diputado Luis Humberto Fernández Fuentes, presidente de la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres, anunció que presentará una iniciativa para regularizar el régimen laboral de los cuerpos de bomberos.

El legislador señaló que una parte de los cuerpos de bomberos opera bajo esquemas honoríficos, voluntarios o mediante asociaciones civiles, pese a los riesgos que enfrentan durante sus labores.

También consideró necesario mejorar las condiciones laborales del personal de protección civil y de los grupos de rescate, al señalar que el Estado debe garantizar condiciones adecuadas para quienes participan en la atención de emergencias.

Fernández Fuentes destacó los avances en materia de cultura de protección civil durante las últimas décadas, particularmente en la formación de niñas, niños y jóvenes sobre qué hacer ante situaciones de emergencia.

Sin embargo, advirtió que persisten limitaciones presupuestales para cumplir con las obligaciones relacionadas con la prevención y gestión de riesgos, entre ellas la elaboración de mapas de riesgo.

Por su parte, Isaac Valencia Fornaguera, director de Protección Civil de la Cámara de Diputados, recordó que el Sinaproc surgió después de los sismos de 1985 y que su evolución permitió avanzar de un modelo reactivo hacia uno enfocado en la prevención y resiliencia.

Durante el encuentro también participó Myriam Urzúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, quien señaló que la vulnerabilidad de una sociedad está relacionada con factores como la infraestructura, la planeación territorial y las condiciones normativas.

Urzúa Venegas planteó que el Poder Legislativo debe fortalecer el marco legal para que la prevención sea una obligación permanente y destacó la necesidad de mejorar la coordinación entre las normas de protección civil, desarrollo urbano y reglamentos de construcción.