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domingo, 15 noviembre 2026

México insiste en clasificar a cárteles como delincuencia organizada

El gobierno federal ratifica su postura de rechazar la etiqueta de terrorismo para los cárteles de la droga mexicanos.

 

Por Juan Pablo Ojeda

 

El gobierno federal ratificó este martes su postura diplomática y de seguridad al insistir en que las organizaciones criminales en el país deben ser catalogadas estrictamente bajo el marco jurídico de la delincuencia organizada y no bajo la figura legal del terrorismo. Durante la conferencia matutina, las autoridades detallaron que la estrategia de procuración de justicia se sustenta en el desmantelamiento financiero y operativo de las estructuras delictivas mediante la cooperación bilateral sin menoscabo de la soberanía nacional.

De acuerdo con los datos presentados por el gabinete de seguridad, la clasificación penal de delincuencia organizada permite una persecución sistemática de los activos financieros, el lavado de dinero y las redes de complicidad institucional que sustentan a las redes del narcotráfico. Las cifras oficiales indican que las incautaciones de recursos económicos y sustancias ilícitas se han incrementado en los puntos fronterizos y portuarios del país durante el presente ciclo fiscal.

El análisis de las repercusiones jurídicas de adoptar la denominación de terrorismo revela que dicha medida abriría la puerta a la intervención directa de agencias extranjeras en territorio nacional, un escenario que la administración federal rechaza de manera categórica. Los informes diplomáticos señalan que la cooperación internacional debe mantenerse bajo los principios de respeto mutuo y reciprocidad en materia de seguridad fronteriza.

Por otro lado, los expertos en derecho internacional y seguridad pública apuntan que la distinción conceptual entre crimen organizado y terrorismo tiene implicaciones directas en los tratados de extradición y en la tipificación de los delitos ante tribunales internacionales. La postura oficial busca evitar la extraterritorialidad de leyes extranjeras en la persecución de delitos cometidos dentro de las fronteras mexicanas.

Asimismo, la estrategia de seguridad del Estado prioriza la atención a las causas estructurales que facilitan el reclutamiento de jóvenes por parte de los cárteles, destinando recursos presupuestales a programas sociales focalizados en las regiones con mayor índice de violencia. Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reflejan que el combate a la impunidad sigue siendo el indicador central para medir la eficacia de la política criminal.

Las reacciones de diversos sectores políticos y académicos no se han hecho esperar, generando un debate constante sobre los alcances y las limitaciones de la estrategia gubernamental frente a la presión de actores internacionales que exigen medidas punitivas más drásticas. Los centros de investigación en seguridad analizan los posibles efectos colaterales de mantener la clasificación actual ante los cambios en la geopolítica hemisférica.

El posicionamiento del gobierno mexicano consolida una línea roja en la relación bilateral con Estados Unidos en materia de seguridad nacional, estableciendo que el combate a los cárteles continuará rigiéndose por el derecho interno y los convenios internacionales vigentes sin aceptar imposiciones de carácter político exterior.

Leticia Ramírez defiende programas sociales y a Servidores de la Nación

Leticia Ramírez aseguró que los programas sociales no se condicionan y defendió el trabajo del personal de la Secretaría de Bienestar.

Por Bruno Cortés

 

La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, afirmó que los programas sociales del Gobierno federal no se condicionan y sostuvo que el personal de la dependencia cumple con sus responsabilidades de atención a la población.

La funcionaria defendió la labor de los trabajadores de la Secretaría de Bienestar, quienes participan en la operación y entrega de apoyos dirigidos a distintos sectores de la población.

Ramírez señaló que los programas sociales tienen como propósito contribuir al bienestar de las familias mexicanas, mediante recursos y servicios destinados a personas que cumplen con los requisitos establecidos para recibirlos.

Asimismo, sostuvo que los apoyos gubernamentales no deben utilizarse como mecanismo de presión para obtener respaldo político o electoral, pues su entrega responde a las reglas de operación de cada programa.

La secretaria destacó la importancia de la labor que realizan los Servidores de la Nación, quienes mantienen contacto directo con los beneficiarios y participan en los procesos de registro, orientación y seguimiento de los programas sociales.

El personal de la dependencia también brinda información a la ciudadanía sobre los requisitos y procedimientos necesarios para acceder a los distintos apoyos federales.

La funcionaria defendió el trabajo de estos servidores públicos ante los señalamientos relacionados con la operación de los programas sociales y reiteró que sus actividades deben desarrollarse en cumplimiento de sus responsabilidades institucionales.

Los programas de Bienestar incluyen apoyos económicos dirigidos a adultos mayores, personas con discapacidad, estudiantes y otros sectores contemplados en las políticas sociales del Gobierno federal.

Ramírez reiteró que el acceso a estos beneficios no debe estar sujeto a preferencias políticas y que la atención a la población debe realizarse conforme a los criterios establecidos para cada programa.