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jueves, 1 octubre 2026

Brugada presenta en el U20 las políticas sociales de la Ciudad de México

La participación de la Ciudad de México en las reuniones de Urban 20 (U20), realizadas el 20 y 21 de septiembre en Nueva York, colocó sobre la mesa las políticas capitalinas de vivienda social, sistema...

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, informó que durante el encuentro la capital presentó propuestas relacionadas con tres de los principales desafíos urbanos: la crisis de vivienda, los efectos del cambio climático y la movilidad humana. Estos temas forman parte de las prioridades oficiales del U20 2026, junto con la protección de comunidades migrantes y la resiliencia urbana.

El Urban 20 reúne a gobiernos de grandes ciudades vinculadas al G20 y busca que las autoridades locales tengan participación en las discusiones internacionales. Para 2026, Los Ángeles y Nueva York asumieron la copresidencia del proceso, mientras que las ciudades participantes elaboraron un comunicado conjunto dirigido a los gobiernos nacionales.

Brugada sostuvo que uno de los planteamientos centrales de la delegación capitalina fue reconocer a las ciudades como actores relevantes para atender problemas que tienen una expresión directa en la vida cotidiana de la población. La mandataria señaló que el comunicado del U20 representa la posición conjunta de ciudades que, de acuerdo con su exposición, agrupan alrededor de 500 millones de habitantes.

En materia de vivienda, la Ciudad de México expuso su estrategia de vivienda social, la participación de organizaciones sociales y la adquisición de suelo urbano para ampliar la oferta. Brugada también planteó la necesidad de incrementar la inversión pública para enfrentar el encarecimiento de las rentas, el costo de vida y los procesos de gentrificación. La administración capitalina ha colocado la vivienda como uno de sus principales ejes de política pública.

La discusión internacional también abre un reto para la política local: demostrar que los modelos de vivienda asequible pueden ampliar efectivamente el acceso para sectores con menores ingresos en una ciudad donde el costo de habitar determinadas zonas continúa siendo un factor de presión. En ese contexto, Brugada adelantó que a principios de noviembre se prevé una reunión en Barcelona para avanzar en una red internacional de vivienda asequible.

Otro de los temas presentados fue el Sistema Público de Cuidados, particularmente las experiencias desarrolladas mediante las Utopías. La capital ha impulsado infraestructura que combina servicios de atención, salud, cultura, deporte y cuidados, mientras que en agosto puso en marcha el programa “Ciudad que cuida a quien cuida”, dirigido a personas que realizan labores de cuidado y que contempla la incorporación de 4 mil nuevas personas beneficiarias.

El modelo de cuidados también cuenta con un nuevo marco legal en la ciudad. En mayo de 2026, el Congreso capitalino aprobó la Ley del Sistema de Cuidados, que establece derechos para quienes realizan estas labores y plantea ampliar la infraestructura pública destinada a proporcionar servicios accesibles y de calidad.

Durante sus reuniones bilaterales, la jefa de Gobierno señaló que representantes de otras ciudades mostraron interés en conocer experiencias capitalinas relacionadas con vivienda, movilidad, Utopías y economía social, particularmente el programa Mercomuna. De acuerdo con la información oficial, algunos gobiernos locales manifestaron interés en visitar la Ciudad de México para conocer directamente estos modelos.

La participación en el U20, sin embargo, no implica por sí misma que las propuestas capitalinas sean adoptadas por otras ciudades o incorporadas automáticamente a las decisiones del G20. El propio mecanismo define su comunicado como un documento de recomendaciones y demandas de las ciudades participantes dirigido a los gobiernos nacionales, por lo que su impacto depende de la posterior articulación política e institucional.

Brugada también planteó fortalecer alianzas entre ciudades que impulsen políticas contra las desigualdades, atiendan la movilidad humana y promuevan estrategias vinculadas con derechos. Con ello, la Ciudad de México busca proyectar internacionalmente programas que ya forman parte de su agenda local, particularmente en vivienda, cuidados y economía social.

La participación en Nueva York representa así un espacio para intercambiar experiencias y posicionar prioridades urbanas de la capital en una agenda internacional. El principal desafío será medir los resultados de estas alianzas en políticas verificables, financiamiento, cooperación entre ciudades y mejoras concretas para la población, más allá del reconocimiento político que pueda obtener la administración.

“Sin vivienda, no hay paz”: Brugada llama a enfrentar la crisis habitacional desde las ciudades

Frente al encarecimiento de la vivienda y el desplazamiento de comunidades, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, llamó desde Nueva York a construir una coalición internacional que coloque la...

Ante alcaldes y representantes de más de 30 ciudades, Brugada sostuvo que la crisis habitacional no puede abordarse únicamente mediante la construcción de nuevos inmuebles, sino también con mecanismos que permitan evitar el desplazamiento de las personas que históricamente han habitado determinadas zonas. Bajo esa perspectiva, planteó la creación de una coalición mundial por la vivienda asequible.

Durante su intervención, la mandataria resumió su planteamiento con la frase “sin vivienda, no hay paz”, al recordar las movilizaciones sociales por el derecho a la vivienda en las que participó décadas atrás. Señaló que el acceso a un hogar está relacionado con la estabilidad de las familias y con la permanencia de las comunidades en sus territorios.

Brugada explicó que, desde la perspectiva de su gobierno, la Ciudad de México busca pasar de un modelo en el que la vivienda depende principalmente del mercado a una política con mayor participación del Estado. Su administración plantea tres líneas principales: construcción de vivienda social, regulación del mercado inmobiliario y participación de las comunidades en los procesos de desarrollo habitacional.

Entre las metas expuestas en Nueva York se encuentra alcanzar 200 mil acciones de vivienda hacia 2030, entre nuevas construcciones y mejoramientos. La estrategia incluye créditos sociales y apoyos para familias trabajadoras. De acuerdo con el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, el Programa de Vivienda en Conjunto contempla créditos sin intereses cuyo pago mensual no debe superar 20 por ciento del ingreso del hogar.

La administración capitalina también sostiene que la vivienda social puede ofrecerse a precios inferiores a los del mercado y que una parte de la estrategia consiste en ampliar la disponibilidad de suelo. Brugada informó que durante los últimos dos años se han adquirido 250 mil metros cuadrados para nuevos proyectos habitacionales, mientras que el Gobierno capitalino ha planteado incorporar suelo público subutilizado para vivienda asequible.

Otro componente de la política es el mejoramiento de viviendas existentes. El gobierno capitalino reportó alrededor de 40 mil acciones de mejoramiento durante el periodo reciente, mientras que el Programa de Mejoramiento de Vivienda contempla créditos y subsidios para conservar y ampliar los hogares. El enfoque busca atender no sólo el déficit de nuevas viviendas, sino también el deterioro de las existentes.

La jefa de Gobierno también puso sobre la mesa la problemática de las rentas. Entre las propuestas mencionadas se encuentra una regulación para evitar incrementos de alquiler por encima de la inflación, además de una defensa pública para personas arrendatarias y mecanismos orientados a prevenir que los desalojos deriven en situaciones de calle.

En este punto, el concepto de “derecho al arraigo comunitario” ocupa un lugar central en el planteamiento de Brugada. La propuesta busca que las personas puedan permanecer en sus barrios ante procesos de encarecimiento y transformación urbana. Sin embargo, su aplicación dependerá de cambios normativos y de la capacidad institucional para equilibrar protección de residentes, desarrollo urbano y funcionamiento del mercado inmobiliario.

La política también incorpora componentes ambientales y de cuidados. La administración capitalina ha señalado la instalación de tecnologías sustentables en viviendas financiadas por el gobierno, mientras que los nuevos desarrollos contemplan espacios vinculados con el Sistema Público de Cuidados, como áreas para niñas y niños, personas mayores y personas con discapacidad.

Los datos oficiales muestran que la política habitacional ya tiene una presencia relevante en la agenda de la Ciudad de México. El Primer Informe de Gobierno reportó 12 mil 321 acciones habitacionales mediante el Programa de Vivienda en Conjunto durante el periodo correspondiente, además de viviendas nuevas, mejoramientos y proyectos de renta asequible.

No obstante, el reto señalado por la propia administración rebasa la construcción de vivienda. La presión sobre el suelo, el aumento de los precios, la gentrificación y el desplazamiento de habitantes representan problemas que requieren instrumentos de regulación, disponibilidad de suelo y financiamiento público sostenido. La experiencia de otras ciudades, incluida Nueva York, muestra que la vivienda asequible constituye un desafío urbano que combina factores económicos, territoriales y sociales.

Desde la Conferencia U20, Brugada propuso que las ciudades compartan políticas y experiencias para enfrentar esta problemática y que la vivienda sea considerada un componente del derecho a la ciudad. La Ciudad de México, además, será sede del Foro Urbano Mundial en 2028, escenario que el gobierno capitalino plantea utilizar para continuar el intercambio internacional sobre vivienda y desarrollo urbano.

La propuesta presentada en Nueva York coloca así a la vivienda asequible y al derecho al arraigo como temas centrales de la agenda internacional de la Ciudad de México. El desafío para la administración capitalina será convertir las metas anunciadas en vivienda accesible, protección efectiva para quienes rentan y permanencia de las comunidades, particularmente en las zonas donde el mercado inmobiliario ejerce mayor presión.