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domingo, 15 noviembre 2026

Proponen ley para etiquetar imágenes con IA en comercio digital

Iniciativa en San Lázaro exige marcas de agua obligatorias en bienes comerciales generados por inteligencia artificial.

 

Por Bruno Cortés

 

La Comisión de Economía de la Cámara de Diputados recibió una iniciativa formal para reformar la Ley Federal de Protección al Consumidor, estableciendo la obligación legal para proveedores de bienes y servicios por internet de identificar mediante advertencias claras las imágenes comerciales generadas con inteligencia artificial. La propuesta busca mitigar el fraude digital y la distorsión publicitaria en plataformas de comercio electrónico que operan en territorio nacional.

El proyecto legislativo detalla que el incumplimiento de esta disposición ameritará sanciones económicas y multas proporcionales al volumen de ventas de las empresas infractoras. Las estadísticas recientes de fiscalización digital sitúan a la publicidad engañosa generada por modelos sintéticos como uno de los principales motivos de reclamación ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

En el aspecto técnico, la norma homologa los estándares de identificación visual mediante metadatos incrustados y marcas de agua visibles que indiquen de forma inequívoca si un producto fotográfico o renderizado ha sido alterado o creado algorítmicamente. Asimismo, se prohíbe el uso de representaciones sintéticas que exageren dimensiones, texturas o propiedades funcionales de bienes tangibles ofertados en la web.

El modelo de fiscalización planteado recae sobre la Dirección General de Estudios sobre Consumo y la Dirección de Comercio Electrónico de la Profeco, instancias que contarán con facultades para ordenar el retiro inmediato de anuncios digitales apócrifos. Datos del sector industrial estiman que el comercio electrónico en México supera los 600 mil millones de pesos anuales, concentrando un sector masivo de transacciones no reguladas en materia visual.

La iniciativa retoma los diagnósticos emitidos por organismos internacionales de protección al consumidor sobre los riesgos asociados a la manipulación algorítmica de catálogos comerciales. La falta de transparencia en la presentación de mercancías incrementa exponencialmente las tasas de devolución, disputas financieras y fraudes por suplantación visual de marcas registradas.

El proceso legislativo correspondiente contempla la discusión y análisis del proyecto en comisiones ordinarias durante el actual periodo de sesiones en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Diversas cámaras empresariales del sector tecnológico han manifestado reservas operativas, exigiendo plazos de transición razonables para la adaptación de sus sistemas de gestión de contenidos digitales.

Con esta propuesta, el Poder Legislativo pretende disminuir los costos económicos que los consumidores absorben anualmente por transacciones basadas en expectativas falsas, estableciendo un marco de corresponsabilidad digital entre las plataformas de comercio electrónico y las autoridades reguladoras mexicanas.

Diputados proponen uso obligatorio de casco para scooters en México

Iniciativa en San Lázaro exige casco certificado para conductores y pasajeros de monopatines eléctricos para reducir traumatismos craneales.

Por Bruno Cortés

 

La Comisión de Movilidad de la Cámara de Diputados recibió una iniciativa formal para reformar la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, estableciendo la obligatoriedad en el uso de casco certificado para todas las personas conductoras y pasajeras de monopatines y scooters eléctricos en el territorio nacional. La propuesta busca estandarizar los requisitos de protección personal ante el incremento sostenido de accidentes viales urbanos que involucran vehículos de movilidad personal (VMP).

El proyecto legislativo detalla que el incumplimiento de esta disposición ameritará sanciones administrativas y multas económicas para los usuarios de estos dispositivos, cuyos esquemas regulatorios han permanecido fragmentados entre los reglamentos de tránsito locales de distintas entidades federativas. Las estadísticas recientes de siniestralidad urbana sitúan a los traumatismos craneoencefálicos como la principal causa de atención hospitalaria en colisiones de monopatines.

En el aspecto operativo, la norma homologa las especificaciones técnicas que deberán cumplir los cascos protectores, exigiendo certificaciones de resistencia al impacto avaladas por normas oficiales mexicanas o estándares internacionales equivalentes. Asimismo, se prohíbe de manera expresa el traslado de más de una persona por unidad, limitando el diseño unipersonal original de estos vehículos de transporte compartido y particular.

El modelo de fiscalización planteado recae sobre las policías de tránsito municipales y estatales, quienes contarán con facultades para detener la marcha de los vehículos y remitirlos a depósitos vehiculares en caso de reincidencia. Los datos de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad indican que la flota de monopatines en zonas metropolitanas supera las 30 mil unidades activas, operando principalmente en corredores financieros y zonas residenciales de alta densidad.

La iniciativa retoma los diagnósticos emitidos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública sobre la vulnerabilidad física de los usuarios de vehículos ligeros frente al transporte pesado y vehicular convencional. La falta de infraestructura segregada en más del 70 por ciento de las arterias secundarias incrementa exponencialmente el riesgo de atropellamientos y caídas a nivel de pavimento.

El proceso legislativo correspondiente contempla la discusión y análisis del proyecto en comisiones ordinarias durante el actual periodo de sesiones en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Diversas organizaciones civiles enfocadas en la seguridad vial han manifestado su respaldo condicionado, exigiendo que la medida se acompañe de la construcción masiva de ciclovías protegidas.

Con esta propuesta, el Poder Legislativo pretende disminuir los costos sociales y presupuestales que el sistema de salud pública absorbe anualmente por la atención de lesiones graves derivadas de accidentes en vehículos de movilidad personal, estableciendo un marco de corresponsabilidad cívica y gubernamental.

Plantean Ley General de Identificación Forense Humana en México

Proponen Ley General de Identificación Forense para frenar la crisis de restos no identificados y articular bases de datos nacionales.

Por Bruno Cortés

 

El diputado federal Felipe Miguel Delgado (Morena) presentó una iniciativa formal ante la Cámara de Diputados para expedir la nueva Ley General de Identificación Humana y Forense, un marco normativo diseñado para combatir la crisis de rezago en la identificación de cuerpos y restos humanos en el territorio nacional. La propuesta legislativa establece la creación obligatoria de un sistema único de registro y homologación de protocolos científicos para todas las fiscalías estatales y federales del país.

El documento detalla la integración de tres pilares tecnológicos e institucionales fundamentales: el Banco Nacional de Datos Forenses, el Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y un programa especial de exhumación sistemática en fosas comunes municipales y estatales. La iniciativa surge ante la saturación de los servicios forenses en entidades federativas que concentran el mayor número de carpetas de investigación por desaparición de personas.

En el aspecto operativo, la propuesta contempla la profesionalización y certificación obligatoria de peritos, antropólogos forenses, genetistas y dactiloscopistas bajo estándares internacionales avalados por organismos autónomos y colectivos de familiares. Asimismo, se fijan plazos estrictos para la toma obligatoria de muestras genéticas a familiares de personas desaparecidas de manera previa a cualquier inhumación en calidad de desconocidos.

El modelo presupuestario planteado en el proyecto legislativo estipula la asignación de recursos etiquetados dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para garantizar la autonomía técnica y financiera de los institutos de ciencias forenses. Actualmente, diversas dependencias estatales operan con déficits operativos superiores al 60 por ciento en insumos de reacción genética y capacidad de almacenamiento en frío.

La iniciativa retoma los diagnósticos emitidos por organismos internacionales y relatores de la Organización de las Naciones Unidas sobre la necesidad de superar la fragmentación institucional entre las 32 fiscalías del país. La falta de comunicación interoperable entre bases de datos estatales ha constituido históricamente uno de los principales cuellos de botella en la localización e identificación de víctimas.

El proceso legislativo correspondiente iniciará con su turno a las comisiones unidas de Gobernación y de Justicia en el Palacio Legislativo de San Lázaro para su dictaminación. Diversas organizaciones de la sociedad civil y colectivos de búsqueda han manifestado su interés en participar en las mesas de parlamento abierto que se proyectan para enriquecer el articulado de la ley.

Con esta propuesta, el Poder Legislativo busca dotar al Estado mexicano de herramientas jurídicas vinculantes que garanticen el derecho humano a la verdad, la identidad post mortem y una dignificación efectiva en el tratamiento de los cuerpos bajo resguardo institucional en todo el país.