Por Bruno Cortés

La diputada Ana Karina Rojo Pimentel, del PT, propuso reformas para prevenir, atender y sancionar la explotación económica o comercial digital de niñas, niños y adolescentes.

La iniciativa plantea adicionar la fracción IX al artículo 47 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el propósito de reconocer esta práctica dentro de las formas de explotación que deben ser atendidas por las autoridades.

La propuesta contempla como explotación económica o comercial digital el uso sistemático de la imagen, voz o datos personales de menores en redes sociales, plataformas digitales o medios de transmisión para generar ingresos, monetización o beneficios publicitarios.

De acuerdo con la legisladora, esta práctica puede ser realizada por quienes ejercen la patria potestad, tutela o custodia, así como por terceros, cuando se vulneren derechos relacionados con la privacidad, educación, salud mental, desarrollo integral o descanso de las personas menores de edad.

Rojo Pimentel señaló que en los últimos años se ha consolidado un modelo de negocio basado en la monetización de contenidos audiovisuales en redes sociales, plataformas de video y otros medios digitales.

La diputada identificó este fenómeno como “sharenting comercial” o trabajo infantil digital, al referirse a la utilización sistemática y mercantilizada de la imagen, voz, vida privada e intimidad de niñas, niños y adolescentes para obtener ingresos, patrocinios o beneficios publicitarios.

La propuesta advierte que estas prácticas pueden presentarse bajo la apariencia de actividades familiares o de entretenimiento, aunque impliquen una exposición constante de las personas menores de edad y el aprovechamiento económico de su imagen.

Entre los argumentos de la iniciativa se señala que una parte importante de niñas y niños con acceso a internet tiene presencia digital desde edades muy tempranas, mientras que sus tutores pueden publicar numerosas imágenes o videos de ellos sin su consentimiento.

La legisladora sostuvo que la legislación debe responder a las nuevas formas de exposición y monetización digital para garantizar que el interés superior de la niñez prevalezca frente a intereses económicos o comerciales.

La reforma también busca que la representación legal de padres o tutores no derive en afectaciones a los derechos de los menores cuando exista un beneficio económico relacionado con contenidos digitales, patrocinios o publicidad.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia para su dictamen.