Por Bruno Cortés

La diputada Karina Margarita del Río Zenteno, de Morena, impulsa una iniciativa para elevar a rango constitucional el derecho de toda persona a contar con una identidad digital segura, interoperable y gratuita.

La propuesta plantea reformar los artículos 4º, 6º y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de establecer obligaciones para el Estado en materia de protección y ejercicio de la identidad digital.

De acuerdo con la iniciativa, el Estado deberá garantizar mecanismos tecnológicos y normativos que permitan proteger la identidad digital de las personas, así como promover la inclusión, privacidad, ciberseguridad e interoperabilidad en el entorno digital.

El proyecto también contempla fortalecer la protección de la infraestructura crítica, la ciberseguridad y la salvaguarda de los datos personales y biométricos, además de establecer mecanismos de autodeterminación informativa.

Otro de los planteamientos consiste en garantizar que la incorporación de medios digitales a trámites y servicios públicos no implique discriminación o exclusión, por lo que las personas deberán conservar la posibilidad de acceder a estos servicios mediante vías presenciales.

La propuesta establece además el derecho de las personas a no ser objeto de decisiones automatizadas que puedan afectar sus derechos, así como medidas de protección frente al perfilamiento, rastreo y utilización no autorizada de información biométrica o del comportamiento en entornos digitales.

La legisladora plantea que la identidad digital debe entenderse como una extensión de la persona y de su dignidad, debido a que comprende elementos que van más allá de contraseñas o credenciales de acceso, como datos biométricos, huella digital, historial de navegación y comportamiento en línea.

En el régimen transitorio se propone que el Congreso de la Unión tenga un plazo máximo de 360 días naturales para expedir una Ley General de Identidad y Ciudadanía Digital y armonizar la legislación relacionada con protección de datos personales, ciberseguridad y firma electrónica.

Asimismo, plantea que el Ejecutivo Federal, en coordinación con las entidades federativas, implemente un Sistema Nacional de Identidad Digital en un plazo máximo de dos años después de la entrada en vigor de la legislación correspondiente, bajo principios de gratuidad, accesibilidad universal, cifrado y ciberseguridad avanzada.